El Congreso insta al Gobierno a que regule cuanto antes el fondo para las víctimas del amianto
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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes de forma unánime la proposición no de ley impulsada por el PNV instando al Gobierno a que ponga en marcha cuanto antes el fondo de compensación para las víctimas del amianto.
La iniciativa, presentada por el grupo vasco, contó con el respaldo previo de diputados de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, Coalición Canaria y Podemos, pero finalmente fue apoyada por los grupos en su totalidad.
En la misma, se exige al Gobierno la aprobación del real decreto para que las víctimas puedan solicitar las indemnizaciones previstas en la Ley del Fondo del Amianto, que acumula 20 meses de retraso. FEDAVICA, CCOO y UGT reclaman además que se consideren las alegaciones que asociaciones de víctimas y sindicatos presentaron al proyecto de RD.
Las víctimas forman un colectivo numeroso afectado por cánceres de pulmón, bronquios y laringe, mesoteliomas y asbestosis
“Las víctimas del amianto, a pesar del infra reconocimiento del carácter laboral de su enfermedad, forman un colectivo numeroso afectado por cánceres de pulmón, bronquios y laringe, mesoteliomas y asbestosis, enfermedades crónicas de complicado tratamiento cuyo origen fue la falta de control en la utilización y el retraso en su prohibición”, señala el texto.
La Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, se aprobó en el Senado el 4 de octubre de 2022 por la práctica unanimidad de los grupos parlamentarios, y después de quince años de reclamación por parte de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) y de los sindicatos CCOO y UGT. La Ley contemplaba la aprobación de un real decreto, que desarrollaría cuestiones importantes como el procedimiento de solicitud y las cuantías de las indemnizaciones, en el plazo de tres meses tras su publicación en el BOE. Dicho plazo finalizó el 20 de enero de 2023.
El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó un proyecto de RD en junio de 2023, superado el plazo máximo para su aprobación, “que resultaba absolutamente insuficiente para nuestras organizaciones por lo que presentamos un documento conjunto de alegaciones”, señalan desde FEDAVICA, CCOO y UGT.
Las alegaciones proponían modificaciones en cuestiones de procedimiento y plazos, para agilizar la gestión de las solicitudes, pero sobre todo se centraban en las cuantías de las indemnizaciones, a juicio de estas organizaciones “escasísimas y muy debajo a otras indemnizaciones ya existentes en España para otros tipos de víctimas”. Además, FEDAVICA, UGT y CCOO pedían que dichas indemnizaciones contaran con una exención del IRPF, como ya sucede con otros colectivos.
El documento de alegaciones se registró el 7 de julio de 2023 y desde ese momento no se ha vuelto a tener noticias del estado de tramitación del RD, a pesar de haber solicitado reuniones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En principio, el fondo,que quedó recogido en la ley, está dotado de 25 millones de euros y será gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.