¿Qué fue de las conclusiones sobre Sanidad y Salud Pública del Dictamen para la Reconstrucción Social y Económica?
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Marciano Sánchez Bayle y Madalina Crisbasianu | El 22 de julio de 2020 el Pleno del Congreso aprobaba con 255 votos a favor, 88 votos en contra y 3 abstenciones las Conclusiones sobre Sanidad y Salud Pública del Dictamen para la Reconstrucción Social y Económica.
Ahora, 4 años después parece necesario hacer un balance del cumplimiento de las 70 propuestas, en realidad 205 si incluimos las subpropuestas, que incluía la misma, porque la calidad de nuestro sistema democrático y del funcionamiento del sistema sanitario público está ligada al cumplimiento de los acuerdos que se llegan y a la implementación de las medidas, que tras el momento más grave de la pandemia, se detectaron en nuestra Sanidad Pública.
El interés en hacerlo tiene que ver también con el hecho de que la recomendación 6 “Crear una subcomisión para el seguimiento de acuerdos en el Congreso” no se ha cumplido, y por eso entendemos necesario analizar si los compromisos adquiridos se han llevado a la práctica.
Se ha realizado una valoración pormenorizada del cumplimiento de las propuestas, que hemos sumarizado al final del mismo en 3 categorías: propuestas cumplidas, propuestas incumplidas y parcialmente cumplidas.
Hay que tener en cuenta que las propuestas cumplidas no necesariamente han redundado en una mejora del sistema sanitario público o los cambios producidos han sido mínimos
Esta evaluación, tiene algunos problemas porque muchas de las propuestas son bastante genéricas en términos de “avanzar”, “fortalecer”, “trabajar”, etc., en estos casos hemos optado por incluirlas en el apartado de incumplimiento parcial salvo, obviamente, que se hubieran avances constatables significativos. Por otro lado, también hay algunas propuestas reiterativas (en todo o en parte), por ejemplo, el aumento de plazas MIR, que se han considerado como propuestas distintas.
El resultado de la evaluación está resumido en la tabla siguiente, en la que llama la atención el bajo grado de cumplimiento, cuatro años después, de las recomendaciones de la Comisión (solo el 5,36%) y el elevado porcentaje de incumplimientos totales (53,65%).
Hay que tener en cuenta que las propuestas cumplidas no necesariamente han redundado en una mejora del sistema sanitario público o los cambios producidos han sido mínimos. Por ejemplo la recomendación 7.6 “Eliminar la tasa de reposición de efectivos” (la que establecía que sólo una parte de las plazas vacantes por jubilación, muerte, o por otras causas pudieran reponerse) no siempre ha redundado en un mantenimiento del personal preexistente porque pudiendo cubrirse las plazas no se ha hecho (el mejor ejemplo es la Atención Primaria) y con una gran variabilidad entre las Comunidades Autónomas (CCAA). Otro ejemplo la 15.2 “Impulsar en cada comunidad autónoma un Plan Estratégico de AP”, el que se haga un plan es por supuesto en principio positivo, pero no supone que sea bueno y mucho menos el que se cumpla, en todo o en parte, y es evidente que la situación de la AP en el país no ha parado de deteriorarse y no tiene visos de una mejora significativa, por lo que la aprobación de estos planes parece haber tenido poca o ninguna efectividad.
A pesar del bajo cumplimiento global hay muchas diferencias dependiendo de los distintos apartados. Los apartados I y VII (gobernanza y coordinación de servicios sanitarios y sociales) tienen un 0% de cumplimiento total. Solo 3 superan el 10% (transformación digital 16,6%; investigación, fármacos y vacunas 15,18%; y recursos humanos 12,5%). Llama la atención que las que han tenido mayor grado de cumplimiento son aquellas más relacionadas con la tecnología, es decir a los intereses de las grandes multinacionales farmacéuticas y tecnológicas.
Hay que ser conscientes también de que el número de propuestas es muy variable en cada apartado lo que puede influir en los porcentajes (va desde 6 en al apartado VII a 47 en el VIII).
El resultado es que nuestro sistema sanitario se está progresivamente deteriorando, poniendo en grave peligro la salud de la población y generando intolerables desigualdades
Finalmente señalar que se hace una evaluación en conjunto del Sistema Nacional de Salud y no pormenorizado en las distintas CCAA. Obviamente hay cuestiones que afectan a todo el SNS (por ejemplo la gobernanza) pero existen otras pueden haber tenido un desarrollo distinto en cada una de las CCAA (AP, recursos humanos, etc.).
El resumen es bastante negativo y evidencia que, como venimos diciendo reiteradamente hace tiempo, la Sanidad Pública no es una prioridad para el Gobierno del país y que incluso cuando se llegan a acuerdos amplios (estas recomendaciones fueron aprobadas por PP) estos se incumplen sistemáticamente.
Existen cuestiones cruciales que no se han resuelto: la financiación que sigue siendo insuficiente; el gasto farmacéutico que sigue siendo muy elevado y con un crecimiento disparatado; el deterioro de la Atención Primaria; la falta de camas hospitalarias especialmente de media y larga estancia; los graves problemas de accesibilidad al sistema sanitario (listas de espera en Atención Primaria y Especializada); debilidad de los dispositivos de Salud Pública; hegemonía de los intereses económicos privados en la investigación; ausencia de mecanismos efectivos de gobernanza del SNS; falta de política de personal incentivadora que fidelice a los profesionales de la Sanidad Pública; y privatización creciente del sistema sanitario.
El resultado es que nuestro sistema sanitario se está progresivamente deteriorando, poniendo en grave peligro la salud de la población y generando intolerables desigualdades en el acceso a las prestaciones asistenciales necesarias. Es por lo tanto un momento en el que se precisa una actuación urgente de las administraciones públicas, que como hemos visto no se está produciendo, para solventar esta situación. Esperamos que en los próximos presupuestos se tenga en cuenta seriamente la necesidad de un refuerzo sustancial de nuestra Sanidad Pública porque el sistema sanitario es un elemento clave de la cohesión social y del Estado del Bienestar.
Marciano Sánchez Bayle y Madalina Crisbasianu | Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública