Comunicado íntegro de Jueces para la Democracia sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional
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LA IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
JJpD quiere recordar que el Tribunal Constitucional es piedra angular en la bóveda del Estado de Derecho que nuestra Constitución define y sanciona. Sus magistrados son independientes e inamovibles. El propio tribunal sólo está sujeto a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. No responde ante las presiones de nadie. Nadie puede dirigir instrucciones a los mismos que no pueden ser cesados, sancionados o perjudicados por el ejercicio de su labor jurisdiccional. El Tribunal Constitucional es la garantía de la ciudadanía y de la efectividad de nuestra Constitución. Las imputaciones que arbitraria e intencionadamente se le dirigen no tendrán más resultado que generar recelo y desafecto en la ciudadanía respecto sus instituciones y del Estado de Derecho que la ampara.
Los miembros del Tribunal Constitucional han sido designados conforme a los procedimientos y las normas previstas para ello con un alto grado de consenso en las instituciones parlamentarias. Su composición responde a la decisión del Congreso y Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, que hicieron los nombramientos y se ajustan al marco legal que la Constitución y las Cortes han previsto.
La crítica a la imparcialidad o independencia del Tribunal Constitucional, sin fundamento en hechos objetivos, solo aporta deslegitimación a una función crucial en el Estado de Derecho. Por ello es fundamental que los representantes políticos muestren moderación y coherencia en el respeto a las instituciones, pues el Tribunal Constitucional es el garante leal de nuestra Constitución y de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Queremos recordar que la crítica a las resoluciones judiciales es plenamente legítima. La libertad de expresión y opinión es básica en una democracia. Pero eso es lo criticable, las sentencias, no el tribunal que las dicta, en cuya conformación intervienen quienes dispone la ley, por el procedimiento reglado y con las exigencias que requiere el ordenamiento jurídico. Lo contrario cuestiona nuestra organización institucional y las garantías que lo disciplinan. Una crítica que socava aspectos fundamentales para un tribunal, como su imparcialidad o independencia, además de no responder a más realidad que la subjetiva opinión de quien ve sus particulares intereses frustrados, sólo aporta deslegitimación a una función que resulta crucial en el Estado de Derecho. El interés de unos no justifica destruir las instituciones de todos.
Por ello es fundamental que los representantes políticos se expresen con moderación y respeto a las instituciones. Deslegitimar el Tribunal Constitucional, criticar no sus resoluciones sino su composición, a la que todas las instituciones han contribuido, es una irresponsabilidad inaceptable. Defender las instituciones es garantizar nuestro Estado de Derecho, una responsabilidad colectiva que nadie debe abandonar, sean cuales sean sus opiniones sobre una determinada sentencia.