Más de 70 personalidades suscriben un manifiesto contra la criminalización de la protesta social
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Más de 70 personalidades del mundo del Derecho han suscrito un manifiesto pidiendo que se reforme el delito de terrorismo tipificado en el artículo 573 del Código Penal para adecuarlo a la actual normativa europea.
La iniciativa, a la que se han sumado los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, llega como respuesta a la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de abrir causa penal por terrorismo contra Carles Puigdemont y el diputado Ruben Wagensberg en el caso de ‘Tsunami Democràtic’, la plataforma independentista catalana impulsora de las movilizaciones ciudadanas en respuesta a la sentencia por el juicio del procés.
Bajo el título, ‘La protesta social no puede ser penalizada como terrorismo’, el manifiesto ha sido lanzado este lunes y está abierto a nuevas firmas. [Dirigirse al mail ccoo@ccoo.es].
En el mismo, numerosos catedráticos de Derecho Penal y del Trabajo, magistrados y abogados expresan su “preocupación” ante la interpretación realizada “del modo más expansivo”, tanto por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, como posteriormente por el Tribunal Supremo en el auto de fecha 29 de febrero de 2024 en la causa de ‘Tsunami’ del delito de terrorismo.
Los firmantes consideran que, en el marco del ejercicio de los derechos fundamentales, con participaciones masivas, “es esencial el rigor en la tipificación de estos delitos”, para poder “distinguir con precisión lo que son desórdenes públicos, agravados o no, de los que pueden ser calificados de terrorismo”.
En base a esa interpretación realizada por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo, advierten los firmantes de que, de igual forma, “se podría terminar aplicando la calificación de terrorismo a las tractoradas de los agricultores, a los bloqueos de las carreteras por transportistas organizados y, naturalmente, también a los trabajadores en sus acciones de huelga y manifestación, a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental”.
Por ello, se insta a los distintos grupos parlamentarios a abordar una reforma del artículo 573 del Código Penal “que vuelva a definir el delito de terrorismo como que efectivamente es, según la normativa europea”, subrayan.