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El 1º octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores, pero todos los años aparecen formas diferentes de denominación. Día de los mayores, de la Tercera edad, del pensionista, en singular o en plural. Algunas encierran edadismo, otro machismo, y el periodismo rancio se especializa (como siempre) en acumular datos según los intereses de sus líneas editoriales.
Como todas las veces que se toca el tema, se redoblan las cifras para demostrar que el alargamiento de la vida, problema exclusivamente “demográfico”, va a desequilibrar el sistema público de pensiones y habrá que ir pensando en hacerse un plan privado… Por otro lado, se pone el acento en los gastos excesivos en sanidad, como si se pudiera prescindir de las atenciones a la vejez. Desde los márgenes ideológicos más nefastos, se insiste en avivar el conflicto generacional, cuando se está tomando conciencia de la alta heterogeneidad de las personas mayores, que no se comportan como un colectivo. Desde la perspectiva de clase es evidente que ni la salud, ni las pensiones, ni la dependencia se manifiestan de la misma forma entre quienes rozan la pobreza y quiénes disponen de amplios medios de vida.
Desde los márgenes ideológicos más nefastos, se insiste en avivar el conflicto generacional, cuando se está tomando conciencia de la alta heterogeneidad de las personas mayores
No es un problema sólo demográfico, aunque en ese aspecto presenta diferencias entre el pasado, el presente y el futuro; no es un conflicto intergeneracional porque las fronteras de la juventud, la vida adulta o la vejez son dinámicas y cambian según las etapas sociales o el desarrollo tecnológico. Si el empleo fuera de calidad y bien pagado no habría pensionistas ayudando a la familia. Existen con claridad brechas de género, de estudios, de tipos de envejecimiento, siempre relacionadas con el origen de clase y con el nivel económico resultante en la vida adulta mayor.
Afortunadamente, se ha transformado en una clave el derecho al cuidado, como una cuestión de la especie humana al principio y al final de la vida o cuando se sufren deterioros que generan dependencia. Entonces, en este 1º de octubre del primer cuarto de siglo, es de obligado cumplimiento reflexionar sobre el tema. En principio, si es un derecho debe interesar al conjunto de la ciudadanía, ya que hemos sido infantes y seremos adultos mayores. Son evidentes algunas consecuencias si el cuidado es auténticamente un derecho, por lo cual, probablemente la primera nos advierte de la responsabilidad colectiva ineludible.
Como en todas las prestaciones necesarias para atender derechos la responsabilidad objetivamente es del Estado, si acaso la reflexión puede dirigirse a compartir responsabilidades con la familia, y podría convertirse en corresponsabilidades. Pero es obvio que el conflicto máximo proviene de la intervención del mercado, como elemento que no atiende a personas mayores como ciudadanía con derechos sino a clientes para venderles sus productos. Estamos presenciando antes, durante y después de la pandemia, las atrocidades que se comenten para sostener los beneficios y la falta de control, el abandono de responsabilidades por parte de las administraciones sustentadas en políticas neoliberales. Se promueve el “sálvese quien pueda” como si los derechos no existieran o dependieran de lo que cada persona puede elegir. Sobre todo, individualmente, para negar el carácter social de la especie humana y las limitaciones de ese concepto de “libertad” (para comprar).
Se justifican los vientres de alquiler como “derecho” a ser padres o madres, confundiendo de forma retorcida un deseo con un derecho. Mientras no diferenciemos necesidades, de deseos y de derechos (algunos humanos, otros sociales y también laborales conquistados con duras luchas) las reivindicaciones se convierten en un caos, las políticas públicas populistas lo mezclan todo para sustentar sus demagogias y así caminamos por las incertidumbres de nuestro tiempo.
El conflicto máximo proviene de la intervención del mercado, como elemento que no atiende a personas mayores como ciudadanía con derechos sino a clientes para venderles sus productos
Como pensamos que la democracia hace aguas si persisten las desigualdades, intentamos orientar la reflexión en ese sentido. El cuidado es un derecho humano, pueden existir modalidades de concuidado, pero no funciona si no se determinan las responsabilidades y la forma de atender las necesidades propias de esa situación. Las sociedades democráticas están obligadas a proponer las fórmulas viables para que exista un sistema de cuidados de calidad con principios de justicia social. Las comunidades locales pueden encauzar actividades y experiencias positivas para las personas mayores vulnerables.
De cualquier forma, hasta que el envejecimiento no se convierta en una inversión estratégica, creando las capacidades necesarias para disfrutar de salud, autonomía y de una vida digna, no sabremos reivindicar con sentido humano, democrático y con justicia social. Si el cuidado es un valor público no sólo existe el derecho a ser cuidado, sino también el derecho a participar en la definición de las políticas públicas que lo facilitan. Si no se aprende a lo largo de toda la vida a ejercer esa participación, las personas mayores marginales o excluidas estarán mal representadas, tratadas con modelos de caridad asistencial, embaucadas por delincuentes, engañadas con proyectos “solidarios” insustanciales.
Las sociedades democráticas están obligadas a proponer las fórmulas viables para que exista un sistema de cuidados de calidad con principios de justicia social
En estos sentidos cobra un papel fundamental la profesionalización de quienes cuidan, su formación, sus condiciones laborales, reflexionando incluso sobre el derecho a no cuidar. En el caso de las mujeres resulta evidente que se pueden jubilar de su empleo, pero nunca se jubilan del trabajo de cuidar y muchos hombres que se comprometen en la ayuda a sus descendientes, comprueban que su tarea es sin ninguna duda un trabajo sin remunerar como ha reconocido la OIT. Mientras los ingresos percibidos no son suficientes para contratar la asistencia, si el Estado central, autonómico o municipal tampoco se hace cargo, las personas mayores serán cuidadoras mientras el cuerpo aguante. La reflexión debe llegar hasta las entrañas de las tradiciones para ser capaces de acercarnos a la definición de las responsabilidades familiares y comunitarias, sin cánones establecidos. Si nos creemos aquello del pensamiento crítico no nos conformemos con recetas fáciles, desconfiemos de las soluciones simples, que la realidad es muy compleja y dinámica, y la democracia también lo es.
