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La máxima crueldad se aprecia cuando piden que se revisen o eliminen las medidas sociales de choque contra la pobreza en la que más de un 30 por ciento de la población ha caído, como la subida del salario mínimo, los comedores escolares gratuitos, las ayudas para pagar la electricidad en los hogares sin recursos, la recuperación de la asistencia sanitaria para los excluidos de ella, la recuperación de pagas extra de las pensiones eliminadas con anterioridad
Las respuestas a la crisis de 2008 no discurrieron por la exigencia de responsabilidades a los causantes de la misma y por medidas que, analizadas sus causas, las eliminaran. Altas autoridades del Banco de España, por ejemplo, vinieron a decir que la búsqueda de responsables estaba fuera de lugar. Impune de sus fechorías, la oligarquía financiera transnacional ha pasado al ataque para configurar un mundo en el que su poder económico aumenta, el valor del trabajo se degrada cada vez más y la mayoría de los ciudadanos, en consecuencia, se empobrece y tiene menos derechos. Es decir, se está degradando la democracia que tantas luchas y esfuerzos ha costado. Una auténtica regresión histórica que obliga, de nuevo, a la acción, a la lucha de los de abajo (la inmensa mayoría) contra los de arriba, dado que estos han sido los que con saña han empezado ahora tan brutal agresión. El pueblo griego ya ha empezado y ha puesto al descubierto el profundo autoritarismo de la Comisión Europea y de los dirigentes de los Estados de la moneda única, liderados por los de Alemania.
W. Schäuble, el ministro de Finanzas de Alemania, no para de proferir insultos y amenazas al nuevo gobierno griego, al que ha tildado de irresponsable, pero se encuentra en un atolladero. El pueblo griego ha dado un mandato al Gobierno de Syriza para que corrija las desastrosas políticas que, impuestas por la troika, han empobrecido Grecia. Es decir, el titular de la soberanía ha dado un mandado muy claro a sus representantes políticos y ante él están respondiendo. Nada pues de irresponsabilidad. Frente a este incuestionable hecho Schäuble, aunque no lo explicita, no puede evitar reconocer que las elecciones son una de las maneras de expresión de la democracia cuyos resultados no se pueden ignorar, como pretende. Frente a tan incontestable hecho, y para neutralizar su potencia, ha afirmado que también deben respetarse otras elecciones que se han hecho en los distintos países de la Unión monetaria y, por lo tanto, el Gobierno griego debe seguir con las “reformas”. Conviene destacar por su crueldad algunas de ellas como son la privatización de todo lo que queda de público como ferrocarriles, aeropuertos, edificios públicos, hospitales, etc…Como ha dicho Lettieri, todo “un programa de rapiña en beneficio de las oligarquías privadas griegas e internacionales, como sucedió en los países de la vieja economía comunista tras el colapso de la Unión Soviética”, y, en segundo lugar, desregular las relaciones laborales dando más poder al empresario acabando con la negociación colectiva sectorial, facilitar el despido libre, bajadas de salarios…Todo esto nos suena mucho a los españoles. Pero la máxima crueldad se aprecia cuando piden que se revisen o eliminen las medidas sociales de choque contra la pobreza en la que más de un 30 por ciento de la población ha caído, como la subida del salario mínimo, los comedores escolares gratuitos, las ayudas para pagar la electricidad en los hogares sin recursos, la recuperación de la asistencia sanitaria para los excluidos de ella, la recuperación de pagas extra de las pensiones eliminadas con anterioridad. En resumen, la Comisión Europea y el eurogrupo están tratando de imponer el desmantelamiento del Estado social reconocido en la Constitución griega y para ello apelan a que Grecia está en una Unión con otros socios cuyas reglas debe respetar. Pues bien, el halcón Schäuble debería recordar lo que su propio Tribunal Federal Constitucional dejó claro en su sentencia de 30 de junio de 2009, en la que revisó la compatibilidad con su Constitución de la ley por la que Alemania ratificó el Tratado de Lisboa.
El halcón Schäuble debería recordar lo que su propio Tribunal Federal Constitucional dejó claro en su sentencia de 30 de junio de 2009, en la que revisó la compatibilidad con su Constitución de la ley por la que Alemania ratificó el Tratado de Lisboa
En aquella sentencia el Tribunal venía a decir que mientras no exista un pueblo europeo titular de la soberanía de una hipotética Federación Europea, ésta reside en cada uno de los pueblos organizados en los Estados miembros y por ello, la integración europea, construida mediante la atribución de competencias soberanas de los Estados, no puede realizarse de manera tal que impida a éstos retener las facultades suficientes para la formación política de las circunstancias sociales, culturales y económicas de la vida. La Unión Europea no puede deteriorar el sistema jurídico democrático de Alemania alterando las estructuras esenciales de sus sistema constitucional como son las establecidas en el art. 1 de la Constitución, que reconoce la protección de la dignidad humana y la vinculación del poder a los derechos fundamentales y en el 20, que declara que Alemania es un estado federal, democrático y social en el que el poder emana del pueblo y, “contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes tienen derecho de resistencia cuando no fuera posible otro recurso”. Son los pueblos de los Estados miembros los poseedores del poder constituyente y la Constitución alemana no permite que ninguno de los poderes del Estado disponga de los elementos esenciales de la misma. El Tribunal Federal Constitucional vigilará que tampoco la Unión Europea transgreda la identidad constitucional, que está protegida por una “garantía de eternidad” (incluso frente al legislativo nacional) en tanto el constituyente no diga otra cosa, hay que entender.
En una línea parecida se pronunció el Tribunal Constitucional español en la Declaración 1/2004 al establecer que en la atribución de competencias a la UE hay “límites materiales, no recogidos expresamente en el precepto constitucional, pero que implícitamente se derivan de la Constitución y del sentido esencial del propio precepto, se traducen en el respeto de la soberanía del Estado, de nuestras estructuras constitucionales básicas y del sistema valores y principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución, en el que los derechos fundamentales adquieren sustantividad propia (art. 10.1 CE)”. La consecuencia es clara, lo que no vale para Alemania (ni como se ve para España) no vale tampoco para Grecia, cuyos poderes públicos están obligados a respetar la dignidad de la persona que resulta del respeto de los derechos fundamentales y el Estado Social y Democrático de Derecho, de lo que no pueden abdicar por mucho que se lo pidan poderes de la Unión Europea, poderes que, con toda probabilidad, están actuando “ultra vires”. De la actuación bochornosa de nuestro Gobierno mejor guardar prudente silencio, la educación lo pide, como máximo habría que decir que el servilismo nunca ha dado buenos resultados.
Tal vez sea hora de que los ciudadanos europeos nos manifestemos ante las sedes que en cada una de las capitales europeas tienen la Comisión y el Parlamento Europeo para recordarles cosas como estas.