Entre las medidas que el Banco de España ha propuesto para reanimar la economía española tras el coma inducido al que la ha abocado el coronavirus destaca un plan fiscal que recoge una subida de los tipos reducidos del IVA y los impuestos especiales, y una revisión de los agujeros en el impuesto de Sociedades. Además, durante su comparecencia del pasado martes, el gobernador Pablo Hernández de Cos sostuvo que medidas como el Ingreso Mínimo Vital junto con una agenda de reformas estructurales "ambiciosa" para el empleo y la productividad podrían corregir el impacto social de la crisis.
No obstante, avisó de algunos posibles efectos no deseados de la que hasta la fecha ha sido una de las medidas estrella impulsadas por el Gobierno, entre los que mencionó la capacidad futura de los beneficiarios de generar ingresos o un posible desplazamiento de algunas actividades económicas a la economía sumergida.
Ahora bien, cabe decir que el IMV está diseñado para no incrementar la economía sumergida, aunque ésta seguramente aumentará como consecuencia de la crisis en términos relativos sobre el PIB. Y es que la configuración de esta medida, precisamente, ayuda a evitar que no haya un repunte del dinero que circula en negro, y que actualmente roza el 25% del PIB.
De hecho, los 3.000 millones de euros que costará la implantación del IMV aportarán el 46,8% del importe total necesario para que en España cuatro millones de personas salgan de una situación de pobreza extrema, gracias a esta ayuda destinada a ayudar a las 850.000 familias más vulnerables.
Para ser más exactos, las obligaciones de presentar la declaración de la renta, de estar inscrito en las oficinas del SEPE y de tener disponibilidad para aceptar cualquier trabajo o hacer cursos de formación contribuirán a evitar que la entrada en vigor de esta medida se traduzca en un significativo aumento de la economía opaca.
Aun así, el Gobierno debería enviar cuanto antes al Congreso el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude, ya que a medio plazo podrían recaudarse anualmente 34.500 millones de euros adicionales, que en buena parte procederían de la actuación contra la evasión de las grandes empresas y fortunas. Y para ello convendría que la AEAT aumentara las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
